Es fundamental priorizar la atención médica y social a las personas mayores y con discapacidad que viven en residencias y otros centros colectivos, porque son el grupo más expuestos a la pandemia del coronavirus, cuya vida corre un peligro cierto; y también a aquellas personas con discapacidad, personas situación de dependencia y  mayores que residen en sus domicilios pero que reciben apoyos imprescindibles para su vida diaria a través de asistentes personales, programas de autonomía personal o de ayuda a domicilio, entre otros.

 

Ya que no podemos olvidar, que desde un planteamiento de espacio socio sanitario correcto, no hay nada más prioritario que la población mayor y con discapacidad que reside en centros colectivos, y que están sufriendo el mayor impacto de la pandemia.

 

Como medida instrumental, hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades están dirigiendo a la población general sobre la pandemia. Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad.

 

La ciudadanía que representa el colectivo social de las personas con discapacidad, son los que más desinformados pueden estar y por lo tanto, son las que están sufriendo más la pandemia; por eso no dejaremos de insistir en que es necesario que toda la información sea accesible y esté en formatos accesibles: subtitulación, interpretación de lengua de signos, audiodescripción, lectura fácil y lenguaje comprensible, braille, documentos en formato word, etiquetado de imágenes ... así como la habilitación de medios de comunicación telefónica, escrita o videoconferencia y paginas web para resolver dudas. Además, de garantizar el transporte público accesible (bus, metro, tranvía, taxi, tren...) para asegurar los desplazamientos a los centros de salud.     

 

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad organizada, CERMI CV; exige a la Administración de la Generalitat, responsable de los servicios sociales, que, durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, etc., la financiación de la Administración pública continúe, y no se haga recaer el quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor; siendo todo el trabajo que se realiza de carácter esencial para la ciudadanía.

 

El CERMI CV, quiere resaltar, que las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia deben seguir siendo atendidas durante el estado de alarma. Muchas personas con discapacidad y/o en situación de dependencia requieren de la ayuda y la colaboración de una tercera persona para poder desempeñar las actividades básicas de la vida diaria o el desenvolvimiento de su autonomía personal.

 

Por lo que la protección para ellos/as ha de ser reforzada durante la crisis, con medidas que favorezcan su atención y estado de salud, teniendo en cuenta los servicios y actividades que han dejado de recibir.

 

CERMI CV reivindica que, tanto a nivel local como autonómico, se destinen los recursos extraordinarios recogidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 para garantizar la atención de las personas con discapacidad y/o dependencia que necesiten apoyos tanto en el domicilio, como fuera del mismo (recogida de medicamentos, compras), cuando no se tenga una red de apoyos suficiente para cubrirlas.

 

En relación con los centros residenciales; que permanecen abiertos y funcionando y que están gestionados por las organizaciones de la discapacidad; CERMI CV exige que los profesionales (cuidadoras, cocineras, personal de limpieza, auxiliares, transporte, entre otros), que siguen trabajando en los mismos, tengan los equipos de protección individual (EPIS) para poder realizar su trabajo con seguridad y con el objetivo prevenir los contagios; así como protocolos para el cuidado de las personas de apoyo, particularmente expuestas al COVID-19, y que  se aceleren y garanticen la dotación de estos Equipos de Protección Individual, así como la implementación de tests PCR en caso de contacto con personas contagiadas (SAD, asistencia personal, hogares-residencia, residencias ...)      

 

Y, a esto hay que sumar, la necesaria dotación a las entidades sociales de material de protección (mascarillas, guantes, gafas, hidrogeles), para poder seguir atendiendo a los más vulnerables, durante la crisis del coronavirus, en otros servicios que se siguen manteniendo en nuestro sector, como la ayuda a domicilio, la asistencia personal y otros para poder realizar su trabajo; ya que la falta de productos de contención contra el contagio se ha convertido en la necesidad perentoria de la atención de la población de riesgo: personas con discapacidad, mayores y dependientes con patologías previas.

 

CERMI CV, quiere reivindicar que hay que dotar de todos los apoyos a estos centros; humanos, clínicos y de suministros de prevención y protección, evacuando a recursos clínicos, estables o de nueva creación (hospitales de campaña), a todas las personas en riesgo a las que no se les pueda asegurar su integridad vital si siguen institucionalizados o sin garantía de los recursos precisos cuando residen en sus domicilios.

 

Otro asunto importante que preocupa mucho a las entidades del sector de la discapacidad; que tienen plazas concertadas con la Administración Autonómica Valenciana, a través de la acción concertada social en discapacidad; es que se les asegure el mantenimiento del 100% de la financiación pública de los servicios para personas con discapacidad que se están prestando mediante el concierto de plazas en recursos convivenciales, mientras dure su cierre por la emergencia sanitaria. “Es imprescindible evitar la quiebra económica de nuestras entidades y dar seguridad y tranquilidad a nuestros trabajadores y trabajadoras”, ha manifestado la entidad.

 

Es necesario, promover unas medidas extraordinarias de carácter económico y financiero de refuerzo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 en nuestra Comunidad Valenciana y que asegure que no habrá recortes en partidas destinadas a los Servicios Sociales; donde se estipule: una ampliación de créditos que sean necesarios para atender cualquier gasto derivado de la adopción de actos o medidas derivadas de la situación de emergencia sanitaria; al igual que durante la vigencia del estado de alarma, poder incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones y donde por orden de cada Consellería competente,  se estipule en las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones poder eximir, suspender, prorrogar y/o modificar el cumplimiento de los requisitos por los beneficiarios, incluidos los relativos a la justificación del gasto, donde además se pueda acordar la suspensión o prorroga de plazos para la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

 

En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el CERMI CV plantea que se eleve transitoriamente la subvención del Salario Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65 %

 

Y en todo caso, el CERMI CV pide a los poderes públicos valencianos, que extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad, en todas las etapas de respuesta al COVID-19 y en la gestión de esta crisis de salud pública, para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia.

 

Finalmente, creemos que ahora, más que nunca, hay que demostrar el compromiso de nuestro país y de nuestra comunidad valenciana, con los derechos humanos de las personas con discapacidad y la voluntad de aplicar todos los preceptos de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Con Discapacidad. Por este motivo, queremos destacar algunas voces en el ámbito internacional, que se han alzado para alertar sobre el impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidad; como es el caso de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde en sus consideraciones estipula que: “Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás” y que “Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse”, y “este apoyo es básico para su supervivencia, y las administraciones públicas deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis.”